Rosa
Miriam Elizalde/Cubadebate
Ya
sabíamos de la sutil adecuación del lenguaje a los fines políticos. El concepto
de “promoción de la democracia”, que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado
para Cuba, solo sustituyó otro término cargado de resonancia peyorativa,
como un conjuro mágico por el que se deseaba exorcizar la realidad.
“Promoción de la democracia” suena menos peligroso que “subversión” o
“intervención en los asuntos internos de otro país”, pero llámese como se
llame, los fines no dejan lugar a la ambigüedad.
El
gobierno de Cuba lleva décadas alertando este fenómeno, y a pesar de las
múltiples evidencias que ha puesto sobre la mesa, parece haber predicado en el
desierto. La paradoja es que ni Reagan, ni Bush padre, se lanzaron en este
juego sucio. Las administraciones de George W. y Obama no solo ejecutaron la
política del cambio de régimen en nombre de la exportación de la democracia,
sino que la sostuvieron de manera imprudente, violando los propios términos de
la ley estadounidense.
De
eso hablamos en Washington con dos expertos estadounidenses de incuestionable
independencia de opinión frente a lo que dice o hace el gobierno de la Isla, y
de asombroso nivel de información sobre la realidad cubana, optimistas frente a
los acontecimientos recientes en las relaciones Cuba-EEUU, pero sin arrebatos
triunfales. Se trata de Fulton Armstrong, quien fuera el superpoderoso
coordinador de Inteligencia Nacional para América Latina – el analista de más
alto rango de la Comunidad de Inteligencia de EE.UU-, y Geoff Thale,
director de programas en la Oficina de Washington para América Latina
(WOLA), quienes aceptaron la invitación de Cubadebate para conversar con
franqueza sobre los asuntos que están en la agenda de los dos países.
Durante
casi tres horas que volaron, hablamos sobre la próxima visita del Presidente
Barack Obama a La Habana, los muros que aún se levantan y limitan el avance del
proceso de normalización de las relaciones entre ambos países, y por supuesto,
los programas para la “promoción de la democracia”. Aunque los temas
estaban pactados, no llevé guión ni preguntas previas. Tampoco grabé el debate,
para que la conversación fluyera con total espontaneidad.
Por
tanto, lo que leerán a continuación hilan mis apuntes en torno a un resumen de
las ideas que allí se expresaron. Me limito a citar a mis invitados cuando la
frase lo amerite, y a cotejar las fechas y datos que salieron en la intensa
conversación.
Promoción
de la democracia: Itinerario de la Ley
La
voz de Fulton Armstrong fue quizás la primera que se levantó contra lo que él
llamó “disidentes empresariales ávidos de desembolso en efectivo”. Le
recuerdo la frase, que tomé prestada de uno de sus artículos en Foreign
Policy, y él la vuelve a suscribir. Puede dar fe de las partidas
millonarias que destinó el gobierno de Goerge W. Bush, primero, y Barack Obama
después –aplicando inercialmente la política de su predecesor.
“No
es solo mi criterio que el gobierno de EEUU ha creado tales disidentes
empresariales. Es el criterio de la mayoría de analistas serios en EEUU que
siguen la política con Cuba”, asegura Armstrong. Recordamos, a propósito, el cable de 2009 al Departamento de Estado, divulgado por Wikileaks,
en el que Jonathan Farrar, jefe diplomático estadounidense en La Habana,
calificó a los “disidentes” como individuos con grandes egos, sin arraigo
social y excesivamente preocupados por conseguir dinero.
Pero
antes de profundizar en este punto, recomiendo hacer un poco de historia. La
política “people to people” fue diseñada en la era Clinton. Los bushistas lo
convirtieron en un programa para la “democracy promotion” (promoción de la
democracia), lo que expresó, a juicio de Fulton Armstrong, falta de confianza
en el pueblo estadounidense. “Ha sido uno de los programas más polémicos de la
política de EEUU hacia Cuba y uno de los más contraproducentes”, coinciden los
dos expertos.
Al
igual que la “excepcionalidad”, el concepto de “promoción de la democracia”
está arraigado en la cultura política de EE.UU., y es poco probable que se
desvanezca como un objetivo establecido. Aunque el consenso sobre cuáles son
los criterios para la “democracia” nunca ha existido, el deseo de promoverla
refleja una percepción generalizada de que esta es mejor para la gobernabilidad
interna de los países, la estabilidad regional y los intereses de Estados
Unidos.
El
Congreso de Estados Unidos creó la Fundación Nacional para la Democracia
(NED) y sus cuatro unidades constituyentes en 1983 y le dio
presupuestos generosos para la “promoción de la democracia”. Estas
organizaciones y sus programas se han vuelto tan a prueba de balas que la NED
se presentaba como una organización “a la vanguardia de las luchas democráticas
de todo el mundo”, y en general, recibió poco escrutinio desde el Congreso o
los medios de comunicación.
Bajo
este paraguas, la “promoción de la democracia” se convirtió en el elemento
central de la política EEUU hacia Cuba desde la década del 90 del siglo
pasado. Fulton recuerda que antes de esa fecha, la Sección de Intereses
de EE.UU. en La Habana distribuyó miles de libros con una amplia gama de
temas, incluyendo asuntos políticos, economía, finanzas, gestión, marketing,
historia… La Sección de Intereses también circuló sin trabas, entre medios de
comunicación e investigadores, artículos con frecuencia críticos de los
periódicos más importantes de Estados Unidos. Apoyó reuniones de
académicos con homólogos cubanos y recepciones organizadas y discusiones
informales con asistencia de decenas de cubanos. “Todo eso se hizo con
plata limpia, aceptada por el gobierno cubano”, recuerda .
Pero con la Ley Helms Burton en acción, aprobada por la
administración Clinton en 1996, se inauguró la era de la “promoción de la
democracia” de modo más agresivo. La Sección 109 de la Ley autorizó al
Presidente “a prestar asistencia y otros tipos de apoyo a los individuos y las
organizaciones no gubernamentales independientes a favor de los esfuerzos de
democratización para Cuba”.
Clinton,
sin embargo, utilizó solo unos 5 millones de ese fondo, que invirtió en
estudios sobre Cuba dentro de EEUU. Pero los bushistas utilizaron la
misma Ley para operaciones clandestinas y encubiertas, sin fiscalización
alguna. Todo el proyecto, con sus 20 millones de dólares anuales, ha sido
destinado a este tipo de operaciones, violando la ley, que exige la
autorización explícita del Presidente.
“No
hay responsabilidad, no hay contabilidad. Nadie tiene que rendir cuentas. Y la
USAID lo que hizo con estos fondos fue crear una industria para empresas
privadas, cuyos archivos no están abiertos –supuestamente bajo el amparo de la
Helms Burton-, y en los que al final la operación en sí misma es diseñada por
el contratista que a veces no es advertido de que en Cuba lo que él va a hacer
es ilegal”, añade Armstrong. “ Mi impresión es que hubo improvisación, sin un
plan, sin disciplina”, apunta Geoff Thale.
Programas
clandestinos y encubiertos
Mientras
Clinton gastó cantidades simbólicas en las iniciativas relacionadas con la
futura “transición de Cuba”, la Administración Bush aumentó dramáticamente la
apuesta. Los funcionarios abrieron el grifo del dinero. Desde entonces estos
programas han costado a los contribuyentes estadounidenses más de 250 millones
de dólares. Cortaron el flujo de información para las personas con vínculos con
el gobierno cubano y se concentraron en los opositores o en personas
consideradas como potenciales opositores, ciertos religiosos, fanáticos de la
música y jóvenes descontentos, activistas de la diversidad sexual, blogueros e
incluso niños.
El
Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) se han negado sistemáticamente a discutir las operaciones que han
patrocinado. Rechazaron las solicitudes de información, incluso aquellas
procedentes del Congreso. La mayoría de los programas han sido clandestinos
(utilizan métodos secretos) y encubiertos (ocultan los objetivos y la política
de financiación de Estados Unidos). La detención, condena y encarcelamiento del
subcontratista de la USAID, Alan Gross, arrojó luz
sobre esas operaciones. La operación de Gross fue clandestina y
encubierta, confirma Armstrong.
Como
descubrieron los periodistas de la AP durante la investigación del ZunZuneo,
tanto la administración de Bush como la de Obama mantuvieron un bloqueo casi
total de la información de las operaciones políticas contra el gobierno cubano.
Cuba no es, obviamente, el único país en el que la USAID y Departamento de
Estado emplean las operaciones clandestinas y encubiertas –recuerda Armstrong-,
pero un análisis comparativo muestra que es única en el rango, la audacia y el
alto precio de las operaciones llevadas a cabo para impulsar tales programas.
La
inversión ha producido algunos éxitos –lograron operar la red Zunzuneo por dos
años-, pero la contribución hacia el objetivo declarado de promover la
democracia ha sido insignificante y, en algunos aspectos importantes,
contraproducente. Una parte de esos fondos se utilizaron incluso para
atacar al cardenal católico Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana. “Algo
inaudito”, recuerda Armstrong.
Consecuencias
de estos programas
Los
contribuyentes estadounidenses han malgastado millones de dólares. Han pagado
por “bibliotecas independientes” que no existen. Las relaciones auténticas
“pueblo a pueblo” y los intercambios legales entre estadounidenses y
cubanos sin subsidios del gobierno, también han sido contaminados de modo que
los cubanos de a pie se resisten a los intercambios con organizaciones, por la
sospecha de que podrían involucrarse en los esfuerzos de cambio de régimen de
Washington.
La
credibilidad de la promoción de la democracia misma sufrió cuando los programas
destinados a enseñar a las personas a exigir transparencia y responsabilidad en
Cuba carecían de rendición de cuentas, transparencia y supervisión en
Washington. A pesar de estas deficiencias, los programas para la “promoción de
la democracia” y la burocracia que los rodea, parecen invulnerables. “En
Washington, los programas bien financiados son más difíciles de cambiar que las
políticas, debido a que las personas que reciben los fondos vociferan a favor
de ellos y no están obligados a demostrar resultados”, confirma Armstrong.
En
nombre de Obama, el Departamento de Estado y la USAID se han comprometido a
continuar con los programas de promoción de la democracia dirigidas a Cuba y
volvieron a pedir millones de dólares para este año fiscal, lo cual parece
contradictorio con la nueva política destinada a avanzar hacia la
normalización.
¿Qué
podría hacer Obama?
Este
tipo de programas depende de dos acciones: La autorización –que es potestad del
Ejecutivo- y la asignación –a cargo del Congreso-. Son dos grupos diferentes
los que intervienen. En este tipo de programa, desde Bush hasta hoy, ha tenido
más importancia la asignación (quienes operan el programa y los presupuestos),
que la autorización a utilizar tales presupuestos.
Pero
la Oficina de
Administración y Presupuesto (en inglés: Office of Management
and Budget o OMB) del Presidente, es la que realmente decide qué curso toma el
presupuesto para un programa. Esta es la oficina más grande de la Oficina
Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos (EOP). En otras palabras, antes
de llegar al Congreso, esta oficina puede cortar los flujos o decidir cómo
gastar el dinero que establece la Ley Helms Burton.
Los
programas del cambio de régimen en Cuba – diseñados para identificar,
organizar, capacitar y movilizar a los cubanos para que exijan cambios
políticos– tienen un patrimonio especialmente problemático, incluyendo
malversación, mala gestión y politización sistémica. Lo prueba el caso de Caleb McCarry,
que en el 2005 fue designado por Bush como “coordinador para la transición en
Cuba” y en ese cargo, aprobó el otorgamiento de 6,5 millones de dólares del dinero de la USAID
a una firma contratista, Creative Associates International. En el 2008,
dos meses después de abandonar su puesto de funcionario, Mc Carry fue a
su vez “contratado” por esta firma como “Director de Comunicaciones”.
“Creo
que hay que vaciar los programas de ‘promoción para la democracia”, concluye
Armstrong. Ningún gobierno que se precie daría la bienvenida a los programas
destinados expresamente a derrocarlo. Por razones políticas, la administración
de George W. Bush citó la Sección Helms-Burton 109 como autoridad legal para la
financiación de sus programas agresivos. Pero EE.UU. lleva a cabo
programas para apoyar el buen gobierno en muchos países, incluso aliados como
México y Colombia, bajo la autoridad de otras leyes y con un tono más
colegiado. Un criterio clave para las operaciones de ayuda en Cuba debería ser
similar al que se utiliza para otros países con los que los EE.UU. tiene
relaciones diplomáticas y con las cuales está tratando de mejorar sus
relaciones.
Obama
debería restaurar y ampliar lo que funcionó en el pasado. Descontaminar
los programas de democracia. Organizaciones legítimas de la sociedad civil de
Estados Unidos podrían forjar lazos con sus homólogos cubanos. Ellos,
generalmente, conocen mejor que el gobierno lo que los cubanos necesitan para
construir un futuro mejor. Por ejemplo, los bibliotecarios estadounidenses
pueden pedir a sus homólogos cubanos listas de libros necesarios y, con una
subvención de EE.UU., comprarlos, de modo que los jóvenes cubanos puedan
obtener la información que necesitan. Podría, también, admitir que Cuba está
cambiando. El proceso de descentralización y autosuficiencia de las
instituciones cubanas es mucho mayor y propician mayores espacios para la
colaboración.
Fulton
considera que habría que exigir la transparencia de esos programas. La Ley de
Autorización de Inteligencia de 1991 modificó la Ley de
Seguridad Nacional para exigir que el
Presidente firme un “finding” (“decisión”) –proceso para la
aprobación clasificada- de cualquier “actividad o actividades del Gobierno de
los Estados Unidos que influya en las condiciones políticas, económicas o
militares en el extranjero, donde se pretende que el papel del Gobierno de los
Estados Unidos no será aparente o reconocido públicamente”, y esto es válido no
sólo por las agencias de inteligencia, sino para todos los “departamentos,
agencias o entidades del gobierno de Estados Unidos”.
Si
la Administración opta por mantener las operaciones de promoción de la
democracia de manera clandestina y encubierta, se debe respetar esa ley que
requiere de la firma del Presidente Obama. Como mínimo, el Consejo
Nacional de Seguridad debe coordinar un proceso para la aprobación de las
operaciones y asegurarse de que no entren en conflicto con el trabajo de otros
departamentos y organismos que se ocupan de Cuba.
Si
el Departamento de Estado va a animar a los pequeños empresarios para llevar a
cabo una acción política, por ejemplo, los funcionarios del Departamento de
Comercio que están tratando de ayudar a los empresarios estadounidenses a
comerciar con los cubanos deben ser informados y preguntarles si están o no de
acuerdo con ese procedimiento. “Habría que alinear el programa de promoción de
la democracia con las prioridades del Presidente”, explica Armstrong.
Por
último, si hay un área en la que la política de Washington debe practicar lo
que predica, es en la promoción de la democracia. Utilizar extranjeros para
llevar a cabo operaciones secretas, distribuir equipos satelitales, entregar
dinero en efectivo para la acción política y la formación de las personas para
organizarlas políticamente, no sería aceptable en EEUU y no lo es tampoco en
Cuba.
La
demora de Obama
La
conversación gravita hacia el 17 de diciembre de 2014, cuando los presidentes
Raúl Castro y Barack Obama anunciaron
simultáneamente la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas rotas
por Estados Unidos más de medio siglo antes.
Los
expertos consideran que Obama comenzó su presidencia con la reanudación de las
relaciones en su agenda, pero en el primer año de su mandato, el golpe en
Honduras paró en seco la política obamista para la Isla. En esa
época, la burocracia era muy resistente al cambio.
Los
asesores recomendaron no avanzar en esas condiciones. Hillary tampoco
quería involucrarse. Luego, durante la Cumbre de las
Américas en Cartagena, en abril de 2012 (en su cuarto año de
mandato), Obama se da cuenta de que la política hacia la Isla y la del
enfrentamiento al narcotráfico, habían aislado a Estados Unidos en la región.
El Presidente se sorprendió con las críticas en bloque de los Presidentes
latinoamericanos y caribeños. No estaba informado de la realidad, ni tenía un
plan de acción. Hillary comenzó a comportarse de manera más cuidadosa y Arturo
Valenzuela –ex Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental-,
recomendó retomar la política “pueblo a pueblo”.
Entonces
llega a la Casa Blanca Ricardo Zúñiga, un hombre que conoce perfectamente a
Cuba. Trabajó en la Oficina de Intereses de La Habana como diplomático. Para
Armstrong, Ben Rhodes es el genio político de esta estrategia, pero el genio
intelectual ha sido Ricardo Zúñiga. En el Congreso había un grupo pequeño con
una disposición favorable al cambio de la política, cuyo apoyo fue importante
en ese momento. Pero el giro definitivo se produce cuando Hillary Clinton, que
ya se preparaba para la campaña electoral, publicó su libroHard Choices, donde
se pronunció a favor del cambio y del levantamiento del bloqueo. Un mes
después, el diálogo con los obamistas había cambiado. La
posición de Hillary, cuyo alcance futuro era incuestionable, dio “luz verde” a
la nueva política para Cuba.
Las
sanciones
Pero
el bloqueo está ahí y las sanciones persisten. Hablamos de un ejemplo concreto:
la persecución internacional por el uso del dólar en las transacciones cubanas.
“Esa es una interpretación extremista de los reglamentos”, afirma Thale. El
Departamento del Tesoro puede ordenar que eso cambie, y hay precedente.
Se hizo con Irán, que puede utilizar el dólar en ciertas transacciones, sin
multas.
Obama
podría autorizar el uso del dólar en las transacciones internacionales de
Cuba y consentir que estas se realicen a través del sistema bancario
norteamericano y posibilitar a entidades cubanas (bancos, empresas, etc.) abrir
cuentas en esa moneda en bancos de terceros países. Además, asegurar a los
bancos extranjeros que no serían perseguidos por operar con Cuba. Sin embargo,
sobre tales posibilidades no se expresan ahora los Departamentos de Comercio y
del Tesoro estadounidenses.
El
Presidente Obama podría crear una licencia general que autorice el uso del
dólar en las transacciones con Cuba para todas las instituciones financieras
estadounidenses. Sin un cambio de esa envergadura muchas de las nuevas
dinámicas se quedan cortas, y bajo la espada de Damocles de una sanción no
prevista.
Los
cambios legales –dice Thale- requieren de un espaldarazo político que altere la
inercia de los funcionarios, empresarios y consejeros legales corporativos
todavía paralizados en la premisa de denegación de comercio, como piedra
angular de la política hacia Cuba, antes del 17 de Diciembre. Es allí donde la
visita del Presidente Obama a Cuba puede marcar una diferencia sustancial,
reconoce.
“Obama
tiene mucho espacio legal para cambiar los reglamentos. No hay dudas. Tiene
suficiente autoridad legal, incluida la posibilidad de impedir que se sigan
multando a los bancos”, asegura Armstrong. Ha sido dañino para Cuba y para
nosotros (EEUU) la interpretación de los reglamentos, añade. Hay que cambiarlos
para facilitar los intercambios entre empresas privadas y empresas estatales,
pero ir más allá incluso. Es ridículo circunscribirlo al sector privado
dentro de EEUU.
“Es
un insulto no permitir las importaciones. Tiene que haber una apertura para el
comercio bilateral, en ambas vías”, dice Fulton Arsmtrong. “Saldría bonito si
el gobierno anuncia antes del 21 de marzo que se permiten algunas importaciones
cubanas. Sería histórico si hay algún tipo de anuncio concreto. Por ejemplo,
abrir la puerta a importaciones desde Cuba. Eso sí sería histórico”, concluye.
Thale
cree que se pueden concretar acuerdos en el área de salud global, en el ámbito
de investigaciones de la salud, más avances en materia de seguridad –se acaban
de reunir sobre temas de Ciberseguridad, el narcotráfico, el tráfico humano.
Hay intereses concretos de ambos países. Habla de la necesidad de avanzar
en la apertura que permita acuerdos comerciales entre empresas privadas de EEUU
y empresas cubanas, y para ello se necesita cambios en las regulaciones
específicas.
El
viaje a Cuba no es para teatro
Normalmente
los Presidentes en ninguna parte hacen un viaje a otra nación para el teatro.
Hay que dar demasiados pasos, intensas negociaciones. Y en este caso, está en
juego el legado de ambos presidentes, coinciden.
“No
somos hermanos, pero somos primos: tenemos mucha historia conjunta, una cultura
–la música, la literatura, las artes…- con raíces comunes. Creo que (ambos
presidentes) intentarán levantar algún puente que no se pueda o sea muy difícil
romper. No es solo un momento para la foto de estos dos hombres en La
Habana. Los lazos en el comercio van a durar y ojalá, algún compromiso
relacionado con la base naval de Guantánamo, se produzca. Sería una señal
estupenda. Y ojalá también se mantenga el mecanismo de diálogo privado. Ojalá
el gobierno (de EEUU) se dé cuenta de que la retórica de la “promoción de la
democracia” no es el camino y se refuerce el discurso de los hechos concretos
más recientes que puede reconocerle EEUU a Cuba: por ejemplo, el logro en
la negociación con las FARC, que es indiscutiblemente un éxito de Cuba”,
sugiere Arsmtrong.
Aprovecho
en este punto para preguntarle a Armstrong cómo ha forjado su mirada sobre
Cuba: “Me gusta ser testigo de la Historia. Mi sueño es poder escribir un libro
sobre la Isla, contar que el país se está rearmando, que se mueve hacia el
siglo XXI, mientras EEUU parece está involucionando hacia el siglo XIX –basta
mirar la actual campaña presidencial. El cubano está meditando sobre su
futuro.”
Admite
que no lo sorprende que la reanudación de las relaciones entre EEUU y Cuba se
produce con los líderes históricos de la Revolución: “Sí, con Fidel y con Raúl.
Quien conozca la historia de estos últimos 50 años reconocerá que ellos han
sido capaces de conducir grandes cambios y transformaciones en Cuba. Lo
hicieron más de una vez y siempre estuvieron abiertos a un diálogo y a una
relación con Estados Unidos. Por supuesto, hasta ahora prevaleció la tendencia
que concebía a estos líderes como actores no razonables. Pero eso fue una
manipulación. Yo creo que están comprometidos con la idea socialista que
construyeron y dispuestos a impedir que esta época se vaya sin ningún logro”.
Ambos
expertos esperan que la visita de Barack Obama a La Habana, el 21 y 22 de
marzo, conduzca a un acuerdo de futuro. Hasta ahora Estados Unidos se ha
concentrado en superar el legado de la Guerra Fría. “Pero es hora de avanzar al
Siglo XXI”, concluye Armstrong.
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