Delegaciones
de Cuba y Estados Unidos instalan hoy en Washington una nueva ronda de
conversaciones migratorias, en la cual revisarán la marcha de los acuerdos
suscritos y dialogarán sobre la cooperación en el enfrentamiento al flujo
ilegal de seres humanos.
La
parte visitante en las pláticas bianuales está presidida por la directora
general de Estados Unidos de la Cancillería, Josefina Vidal, mientras por la
anfitriona lo hace el subsecretario adjunto para los Asuntos del Hemisferio
Occidental del Departamento de Estado, Edward Alex Lee
En
enero de 2015, La Habana fue escenario de la última sesión de las
conversaciones migratorias, y la que correspondía a mediados de este año quedó
pospuesta hasta hoy al coincidir con el restablecimiento de relaciones
diplomáticas y la reapertura de embajadas entre ambos países.
La
isla adelantó que reiterará durante el encuentro su preocupación por la
vigencia de la “política de pies secos-pies mojados”, que alienta la emigración
ilegal y viola los convenios en vigor.
De
acuerdo con un comunicado de la Cancillería, Cuba también manifestará su
rechazo al “Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos”, que priva
de recursos vitales a la mayor de las Antillas y afecta la cooperación en salud
con otras naciones.
Asimismo,
insistirá en que tales políticas estimulan la emigración ilegal, insegura y
desordenada, y convierte a personas que salen legalmente del país caribeño en
víctimas de redes de traficantes y del crimen organizado, lo cual ocurre en la
actualidad con cientos de cubanos que se encuentran en una difícil situación en
Costa Rica y otros estados de la región.
Por
su parte, el Departamento de Estado ofreció en una nota de prensa detalles de
la nueva ronda y ratificó que la reanudación de relaciones diplomáticas y los
pasos dados en el proceso para la normalización de los vínculos bilaterales “no
han cambiado la política migratoria estadounidense hacia Cuba”.
Las
pláticas tienen como base los acuerdos de 1994 y 1995, que recogen el
compromiso de las partes en mantener un flujo seguro, legal y ordenado de
personas, aunque ambos gobiernos abordan el tema desde 1984.
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